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El Contrato de Seguro es un documento formalizado por dos o más partes, a través del cual, el asegurador (compañía de seguros) cubre un riesgo concreto, que es lo que motiva el contrato, y se obliga así a indemnizar al asegurado (persona física o empresa), por un daño producido, o bien a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, dentro de unos límites que, previamente, han sido pactados.
Así pues, la principal característica que define el contrato de seguro es que, con el pago de la prima correspondiente, el asegurado traslada al asegurador la responsabilidad de un riesgo de índole patrimonial o personal.

El contrato de seguro debe cumplir tres requisitos fundamentales para que tenga validez jurídica: debe ser formal, lo que quiere decir que, obligatoriamente, ha de realizarse por escrito. Además, su redacción debe hacerse de manera clara y sencilla. Y por último, la póliza ha de haber sido firmada. Cumplir con estos requisitos se conoce con el nombre de perfeccionar el contrato.

Una vez perfeccionado, y tras el pago de la prima por parte del asegurado, el contrato toma efecto en los términos especificados en la póliza. El efecto del contrato podrá coincidir o no con el perfeccionamiento del mismo, o podrá acordarse su efecto diferido, es decir, para una fecha futura.


Imagen: pixabay

"El contrato de seguro se corresponde con la póliza"

La redacción del contrato de seguro se lleva a cabo por parte del asegurador, aunque en ocasiones las partes pueden acordar cláusulas adicionales. No obstante, como verás más adelante, tanto el contrato, como las condiciones que lo regulan; generales, particulares o especiales si las hubiera, serán ajustadas a la legislación específica y tuteladas por los órganos competentes de la Administración con el fin de garantizar los derechos del consumidor. 

En este sentido, es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) la encargada de velar por el buen funcionamiento del sistema. Más adelante podemos saber qué procedimiento debemos seguir en caso de que hayan vulnerados nuestros legítimos intereses.

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